Tema 18.- Derecho de acceso a la información ambiental

Resumen

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

Ley 38/1995 sobre el Derecho de Acceso a la Información en materia de Medio Ambiente

Resumen

La Constitución española en su art. 23 reconoce el derecho de participación en los asuntos públicos, y entre ellos se encuentra el derecho de información sobre la actuación de los poderes públicos.

La Norma reconoce el dcho. de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos. Excepción: los que afecten a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.(art. 105. B)

Por tanto, se puede acceder a la información que se encuentre en poder de la Administración en cualquiera de sus materias y sectores.

Este precepto se desarrolla en la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas de 1992.

ASPECTOS NEGATIVOS

Dicha regulación tiene algunos elementos negativos, o al menos criticable, como es:

el requisito subjetivo que solo se reconoce este derecho a los ciudadanos españoles mayores de edad, quedando excluidos los menores de edad y los residentes no españoles

se restringe en el caso de documentos nominativos (los que hacen referencia a personas o a grupos), salvo que se pruebe interés legítimo y directo.

Los documentos que pueden ser objeto de consulta deben estar en un archivo administrativo y formar parte de un expediente que corresponda a un procedimiento terminado en la fecha de la solicitud.

Debe realizarse petición "individualizada" de los documentos que se quieren consultar. (el ciudadano no conoce a priori los documentos existentes en el archivo).

Existe una clausula de cierre a favor de la Administración que le permite denegar cualquier solicitud "cuando prevalezcan razones de interés público o intereses de terceros más dignos de protección".

LEY 38/1995

Esta Ley abre nuevas posibilidades de acceso a la información e intenta solventar los problemas de la Ley de 1992 en materia de medio ambiente.

Es la transposición de una Directiva de 1990. Elimina la obligatoriedad de probar un interés determinado y fija un plazo máx de dos meses para conceder la información solicitada (en la Ley de 1992 era de tres meses)

Esta Ley 38/1995 es muy breve, ya que tiene solo seis artículos y abarca a cualquier información disponible en forma escrita, visual, oral, o en forma de base de datos sobre el estado de las aguas, el aire, el suelo, la fauna, la flora, las tierras y los espacios naturales, y sobre todo las actividades (incluidas las que ocasionan molestias como el ruido) y sobre las medidas para protegerlos.

El sujeto activo (el que tiene derecho a solicitar dicha información) es cualquier persona (física o jurídica) natural de alguno de los países de la UE, y sin obligación de acreditar un interés determinado, y con la garantía de la confidencialidad de su identidad.

En cuanto a la información en poder de empresas gestoras de servicios públicos que trabajen para la Administración, la Ley prevé la solicitud a través de la propia Administración pública titular del servicio.

SE PUEDE DENEGAR INFORMACIÓN

En el plazo descrito de dos meses, se entiende desestimada la solicitud si no hubiera recaído una resolución expresa.

En el caso de establecer un precio público por suministrar la información, deberá motivarse las resoluciones administrativas que denieguen parcial o totalmente.

Las denegaciones que han sido más frecuentes son

Los tramitados para la investigación de los delitos

Los relativos a materias protegidas por secreto comercial o industrial, supuestamente para proteger las reglas de la libre competencia.

Los que afecten a confidencialidad de datos de expedientes personales

 

Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990 sobre acceso a información de M.A.

Legislación de Canarias:

Orden de 17 de marzo de 1999 por la que se crea el Centro Regional de Información y Documentación Ambiental (C.R.I.D.M.A.), y se establece su régimen de funcionamiento. Entre sus fines, figura el constituirse y ubicar en el mismo, el Punto Focal de Canarias de la Red E.I.O.N.E.T. (European Environment Information and Observation Network) de la Agencia Europea de Medio Ambiente.

Gestión del CRIDMA.- Como órgano de seguimiento y actualización del C.R.I.D.M.A. se crea una Comisión de Gestión, constituida por dos técnicos de cada uno de los Servicios de la Viceconsejería de Medio Ambiente, nombrados por el Viceconsejero de Medio Ambiente, y uno en representación de cada uno de los Cabildos Insulares, nombrados por los mismos en representación de las respectivas áreas de medio ambiente.

Se establecerán dos Puntos de Información Ambiental, uno localizado en Las Palmas de Gran Canaria, en el Edificio de Usos Múltiples II, planta 0, y otro en Santa Cruz de Tenerife, en el Edificio de Usos Múltiples I, planta 0, en los cuales se facilitará información ambiental y se mantendrá un servicio de préstamo al público que lo solicite, tanto de forma presencial como a través de terminales de acceso informático, a la página web del Gobierno de Canarias en Internet, y a las bases de datos ambientales propias de la Viceconsejería de Medio Ambiente, que así se determine.

 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

 

Título IV.
De la actividad de las Administraciones Públicas.
Capítulo I.
Normas generales.

Artículo 35. Derechos de los ciudadanos.

Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes derechos:

A) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos.

Artículo 37. Derecho de acceso a Archivos y Registros.

1. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y a los documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, cualquiera que sea la forma de expresión, gráfica, sonora o en imagen o el tipo de soporte material en que figuren, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud.

2. El acceso a los documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las personas estará reservado a éstas, que, en el supuesto de observar que tales datos figuran incompletos o inexactos, podrán exigir que sean rectificados o completados, salvo que figuren en expedientes caducados por el transcurso del tiempo, conforme a los plazos máximos que determinen los diferentes procedimientos, de los que no pueda derivarse efecto sustantivo alguno.

3. El acceso a los documentos de carácter nominativo que sin incluir otros datos pertenecientes a la intimidad de las personas figuren en los procedimientos de aplicación del derecho, salvo los de carácter sancionador o disciplinario, y que, en consideración a su contenido, puedan hacerse valer para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, podrá ser ejercido, además de por sus titulares, por terceros que acrediten un interés legítimo y directo.

4. El ejercicio de los derechos que establecen los apartados anteriores podrá ser denegado cuando prevalezcan razones de interés público, por intereses de terceros más dignos de protección o cuando así lo disponga una Ley, debiendo, en estos casos, el órgano competente dictar resolución motivada.

5. El derecho de acceso no podrá ser ejercido respecto a los siguientes expedientes:

A) Los que contengan información sobre las actuaciones del Gobierno del Estado o de las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias constitucionales no sujetas a Derecho Administrativo.
B) Los que contengan información sobre la Defensa Nacional o la Seguridad del Estado.
C) Los tramitados para la investigación de los delitos cuando pudiera ponerse en peligro la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando.
D) Los relativos a las materias protegidas por el secreto comercial o industrial.
E) Los relativos a actuaciones administrativas derivadas de la política monetaria.

6. Se regirán por sus disposiciones específicas:

A) El acceso a los archivos sometidos a la normativa sobre materias clasificadas.
B) El acceso a documentos y expedientes que contengan datos sanitarios personales de los pacientes.
C) Los archivos regulados por la legislación del régimen electoral.
D) Los archivos que sirvan a fines exclusivamente estadísticos dentro del ámbito de la función estadística pública.
E) El Registro Civil y el Registro Central de Penados y Rebeldes y los registros de carácter público cuyo uso esté regulado por una Ley.
F) El acceso a los documentos obrantes en los archivos de las Administraciones Públicas por parte de las personas que ostenten la condición de Diputado de las Cortes Generales, Senador, miembro de una Asamblea legislativa de Comunidad Autónoma o de una Corporación Local.
G) La consulta de fondos documentales existentes en los Archivos Históricos.

7. El derecho de acceso será ejercido por los particulares de forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos debiéndose, a tal fin, formular petición individualizada de los documentos que se desee consultar, sin que quepa, salvo para su consideración con carácter potestativo, formular solicitud genérica sobre una materia o conjunto de materias. No obstante, cuando los solicitantes sean investigadores que acrediten un interés histórico, científico o cultural relevante, se podrá autorizar el acceso directo de aquéllos a la consulta de los expedientes, siempre que quede garantizada debidamente la intimidad de las personas.

8. El derecho de acceso conllevará el de obtener copias o certificados de los documentos cuyo examen sea autorizado por la Administración, previo pago, en su caso, de las exacciones que se hallen legalmente establecidas.

9. Será objeto de periódica publicación la relación de los documentos obrantes en poder de las Administraciones Públicas sujetos a un régimen de especial publicidad por afectar a la colectividad en su conjunto y cuantos otros puedan ser objeto de consulta por los particulares.

10. Serán objeto de publicación regular las instrucciones y respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos administrativos que comporten una interpretación del derecho positivo o de los procedimientos vigentes a efectos de que puedan ser alegadas por los particulares en sus relaciones con la Administración.

 

 

Ley 38/1995 sobre el Derecho de Acceso a la Información en materia de Medio Ambiente

 

El 7 de Junio de 1990, el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea adoptó la Directiva sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente. En España se hace la transposición el 12 de Diciembre de 1995 con la aprobación de la Ley 38/1995 sobre el Derecho de Acceso a la Información en materia de Medio Ambiente.

Las Comunidades Autónomas podrán dictar normas específicas en desarrollo de la Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información en materia de Medio Ambiente.

Los dos primeros artículos de la Ley son considerados legislación básica. Estos artículos se refieren a la definición del derecho de acceso a la información y a su ámbito de aplicación. El resto de los artículos referidos a: causas de excepción, resolución de las solicitudes, soporte material de la información y difusión no son legislación básica y pueden ser modificados por la legislación de las Comunidades Autónomas.

Cuando se solicite información ambiental sobre cuestiones de competencia autonómica se aplicará la normativa específica de cada Comunidad Autónoma, y en el caso de que no exista, será de aplicación la Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información en materia de Medio Ambiente.

La Directiva se refiere a todo tipo de información sobre el medio ambiente. Esto incluye información sobre:

La lista de materias sobre las que puede requerirse información es muy amplia y abarca aspectos tan distintos como:

  • Emisiones y vertidos al agua, al suelo y a la atmósfera
  • Generación de residuos de todo tipo y su utilización y almacenamiento
  • Captación, uso y explotación de todo tipo de recursos
  • Captación, Producción y consumo de energía
  • Manejo y contaminación con sustancias contaminantes y peligrosas
  • Zonas contaminadas y niveles de contaminación (sustancias o energía)
  • Volumen de tráfico terrestre, aéreo y marítimo
  • Solicitud y trámite para otorgar licencias

La Directiva se refiere a la información sobre medio ambiente en cualquier formato:

  • documentos
  • informes
  • cartas
  • fotografías
  • imágenes de satélite
  • grabaciones de audio
  • almacenada en bases de datos. (Art.2.I.a), etc.

En su Art. 5.I esta Ley indica que la información será suministrada a la persona solicitante en el soporte material que ésta haya elegido de entre los disponibles.

Personas físicas o jurídicas que pueden hacer una solicitud (Art.3.I)

Los tribunales de justicia, el Parlamento estatal o los autonómicos y los Ayuntamientos pueden, en ciertas ocasiones, salirse del campo de aplicación de la Directiva (art.2 de la Ley 30/1992 de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas) cuando actúen en uso de sus facultades judiciales o legislativas.

Cuando se delegan responsabilidades públicas en entidades privadas o semipúblicas, la Directiva determina que la información relacionada con el medio ambiente en poder de ese tipo de entidades también debe estar a disposición del público (Art.6).

Al hacer la solicitud, no es necesario probar ni justificar el interés que mueve (Art.3.I) al solicitante.

No se necesita acreditar o demostrar qué razón o propósito motivan a demandar una determinada información.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su art. 70.I establece el contenido mínimo de toda solicitud :

La ausencia de cualquiera de estos requisitos puede ser causa de inadmisión de la solicitud.

Una solicitud claramente abusiva o demasiado general puede ser rechazada (Art. 3.3).

La solicitud debe ser dirigida al ente público que tenga la información que se precisa.

La ley fija el plazo de dos meses para atender las solicitudes formuladas debidamente.

Según la mencionada Directiva, cualquier denegación ha de ser expresa y fundamentada en alguna de las excepciones contempladas en la misma. Por su parte, la Ley recoge que el silencio administrativo tiene los mismos efectos que la denegación expresa, lo que lesiona los intereses del solicitante por indefensión, ya que en caso de reclamar por la vía jurídica su derecho de acceso a la información ambiental no podrá alegar razones concretas por las que se le denegó.

Cuando las autoridades deniegan parcial o totalmente la información solicitada, deben hacerlo de forma motivada, pero alguno de los posibles motivos, pueden ser tan vagos como:

  • La confidencialidad de datos y de expedientes personales.
  • Los datos proporcionados por un tercero sin que éste esté obligado jurídicamente a facilitarlos.
  • Los datos cuya divulgación pudiera perjudicar al medio ambiente al que se refieren.
  • Los documentos o datos inconclusos y Las comunicaciones o deliberaciones internas.
  • Las peticiones manifiestamente abusivas o
  • Las solicitudes formuladas de manera demasiado general.

Si la solicitud de información incurre parcialmente en alguna excepción la información será suministrada parcialmente, siempre que sea posible separar la parte no protegida de la sujeta a alguna de las excepciones (Art.3.2 de la Ley).

La Ley no establece ningún plazo máximo para emitir la información si dentro de los dos meses, se hubiera resuelto favorablemente nuestra petición de información.

La Directiva permite que los Estados miembros establezcan una tasa por proporcionar la información solicitada, a un precio razonable (Art.5). El Art. 5.2 de la Ley establece que el ejercicio del derecho de acceso a la información podrá dar lugar al pago del precio público, que pueda haber establecido la administración que suministre la información. La Ley reguladora de las Tasas y Precios Públicos, permite el establecimiento de precios públicos inferiores cuando existan razones sociales o de interés público que así lo aconsejen.

No existe obligación de informar al solicitante con antelación, del precio público que va a suponer el suministro de la información solicitada.